El Estado ha desembolsado ya 32,7 millones de euros por incumplir una directiva de hace 29 años
Más de 32,7 millones de euros. Y subiendo. La condena que España recibió en julio de 2018 por la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones urbanas —que contemplaba una multa fija y penalizaciones semestrales mientras perduren los incumplimientos de la normativa comunitaria— ha supuesto ya la mayor sanción que el país ha tenido que pagar nunca a Bruselas. Además, la previsión es que siga aumentando, al menos, hasta 2023, cuando el Gobierno estima que se habrán solventado todos los problemas de este caso.